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Verdad, justicia y reparación en medio de la guerra: los desplazados en Colombia

Flor Edilma Osorio Pérez

Résumés

À partir du groupe de victimes, peut-être le plus important, ceux qui vivent le déplacement forcé, cet article analyse les résultats et les limites du processus de vérité, de justice et de réparation durant la guerre en Colombie. Ces déplacés sont principalement caractérisés par le fait qu’ils habitent de petites commune en milieu rural. Alors qu’une politique ambiguë et contradictoire de dialogue et une démobilisation est mené auprès des groupes paramilitaires, les débats quant à la réparation des populations déplacées demandent une lecture complexe et critique des intérêts économiques et politiques en présence. En reconsidérant quelques expériences postérieures au conflit, il apparaît nécessaire de revoir le rôle de la campagne et de la société rurale dans le pays, afin d'engendrer des processus et des structures équitables dans la société colombienne, sur lesquels il soit possible de construire une réconciliation durable et intégrale.

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Mots-clés :

Amérique, Colombie, victimes

Keywords :

America, Colombia, victims

Palabras claves :

América, Colombia, victimas
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Texte intégral

1En Colombia, cerca de cuatro millones de personas han tenido que huir de sus viviendas para escapar de grupos armados legales e ilegales, en medio de una guerra cada vez más compleja y expansiva. Se les llama desplazados. Ellas y ellos son personas normales en situaciones anormales, que se mantienen en una lucha permanente de supervivencia y resistencia. Tampoco conforman una clase o un grupo homogéneo y su heterogeneidad se corresponde con sus pertenencias regionales, étnicas, de género, de edad, entre otras. El desplazamiento forzado es un proceso complejo, una experiencia extrema, que se construye con y a partir del mismo desarraigo, en el cual si bien se producen profundas y múltiples rupturas, se dan continuidades con las vivencias previas. En medio del conflicto armado, en el país se están dando contradictorios procesos de desmovilización de grupos armados, en particular paramilitares. Ello ha configurado un espacio obligado de debate jurídico, social e institucional, de frente a los necesarios requerimientos de verdad, justicia y reparación. A su vez, se vienen redefiniendo diferentes categorías, tipos y niveles de víctimas que comienzan a posicionar sus demandas. Uno de estos grupos, énfasis de estas reflexiones es, precisamente, el de las personas que han vivido y sufrido experiencias de desplazamiento forzado.

2El tema se desarrolla en tres apartes. En el primero, se precisan algunas tendencias que caracterizan el desplazamiento forzado y la población que lo sufre en Colombia. En el segundo, se ponen en evidencia las realidades y decisiones en medio de las cuales se posiciona el tema de las víctimas de la guerra en el país. En el tercero, se discute la posición de los desplazados internos dentro del conjunto de víctimas, en un contexto marcado por las tensiones de continuidad de la guerra y los requerimientos frente a la verdad, la justicia y la reparación.

Algunas tendencias de la población en desplazamiento forzado en Colombia

3La experiencia del desplazamiento forzado no es ajena a la historia colombiana, a las dinámicas de conformación y crecimiento de las ciudades. Muchas sociedades rurales en el país han tenido que recrear sus proyectos de vida a partir del éxodo y del desarraigo y la persistencia de volver a empezar, dando lugar a nuevas ruralidades y dinámicas urbanas. El peso de esta situación llevó al Estado a asumir responsabilidades y a adoptar medidas para la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia a través de la ley 387 de 1997.

4Veamos algunas tendencias generales del desplazamiento forzado en la última década, fruto de un seguimiento y de trabajos previos de investigación en varias regiones del país.

5Una primera tendencia señala la persistencia y la diversificación de la dominación de la población a partir de la guerra en Colombia. El desplazamiento forzado continúa siendo expresión de la agudización del conflicto armado y se constituye en una estrategia político-militar muy eficiente de homogeneización de la población para el control territorial, que se articula con intereses económicos locales y regionales. Así, desde el consolidado histórico de los datos de Acción Social, institución gubernamental, la migración forzada interna tiene ya una cobertura nacional, cubriendo a los 33 departamentos y 1025 municipios según llegada y a 1093 municipios por expulsión. Dado que el país cuenta con 1098 municipios eso significa que el 93% reciben desplazados y el 99,5% genera desplazamiento forzado. Por supuesto, la intensidad y los ritmos son diferentes en el tiempo y en el espacio, según el avance en la dominación territorial y la correlación de fuerzas. Los flujos de la migración forzada se superponen, usualmente, a las redes migratorias ya existentes, pero muestran también nuevas dinámicas, antes impensadas, para cruzar departamentos y regiones. Todo ello tiene y tendrá serias repercusiones en el reordenamiento demográfico, económico, político y sociocultural, aún no previstas para el país y, particularmente, para el sector rural colombiano.

  • 1  Mientras la Consultoría para el Desplazamiento y los derechos Humanos, Codhes, maneja una cifra de (...)
  • 2  Según el informe del 15 de junio del 2006 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia (...)

6Las cifras sobre el desplazamiento forzado constituyen un campo de debate institucional, entre las ONG y el Estado, que tienen una diferencia de cerca de dos millones de personas1, en tanto que el censo del 2005 reporta sólo 800.000 personas. La construcción de la cifra además de ser un problema pragmático y científico, tiene una fuerte connotación de orden político. En el conjunto internacional, la magnitud del desplazamiento forzado es reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como la primera catástrofe humanitaria en el mundo2. El debate por la cifra tiene implicaciones serias en términos de la responsabilidad que le compete al estado, y frente a los procesos de reparación para las poblaciones y personas desplazadas en tanto víctimas de la guerra.

7Guerra y desplazamiento están produciendo en Colombia un severo proceso de desruralización, que tiene como contrapartida una urbanización acelerada, al tiempo que se pone de relieve el papel de la tierra como factor de dominación, más que de producción. En Colombia la guerra ha tenido como escenario privilegiado, aunque no exclusivo, los territorios rurales. Por ello, el desplazamiento forzado es eminentemente de pobladores rurales, si bien empieza a hacerse evidente el desplazamiento intraurbano, como expresión de la guerra en las ciudades.

  • 3  Contraloría General de la República, Bien-estar y macroeconomía 2002-2006: el crecimiento inequita (...)
  • 4  Perry, Arias, Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles, Banco Mundial, 2006.
  • 5  Coeficiente que mide la concentración de la tierra a partir de la comparación de la superficie acu (...)
  • 6  Contraloría General de la República, op.cit.

8El desplazamiento forzado ha permitido que cerca de cinco millones de hectáreas queden abandonadas. Este desalojo se enmarca en un proceso de concentración de la propiedad, de acuerdo con un reciente estudio de la Universidad Nacional se señala que el 56% de los propietarios y el 57% de los predios son menores de 3 has, y ocupan el 1,7% del territorio registrado catastralmente. En tanto, el 0,06% (2.428 propietarios) poseen 44 millones de ha, esto es el 54% del territorio. Cerca de 700.000 hogares campesinos no tienen tierra3. Así el país es el tercero en concentración de la riqueza, después de Brasil y Chile4. De esta manera, la guerra ha sido funcional al mantenimiento de la concentración de la tierra y contribuye a que a comienzos del siglo XXI tengamos un coeficiente Gini5 del 0,88, un poco más alto que el que existía hace cincuenta años. Cerca del 70% de la población rural sobrevive con un dólar por día, en la pobreza absoluta y el 30% de esta proporción está por debajo de la línea de indigencia6.

  • 7  Uribe López, Mauricio, ¿ Un campo para la paz?, Documento recibido del Programa de las Naciones Un (...)
  • 8  PNUD, El conflicto, Callejón con salida, Bogotá, Editorial Panamericana, 2003.
  • 9  Sintraminercol, La gran minería en Colombia: las ganancias del exterminio, Bogotá, Sintraminercol, (...)

9El proceso de desruralización va acompañado de un proceso modernizante concentrador, excluyente y contundente, cuyo modelo frecuente es la empresa agroindustrial. Uribe López7 señala que tanto el conflicto armado como el desplazamiento forzado, están ligados a la incorporación de nuevas inversiones en el sector rural, en tres campos: 1) En bienes ilegales, como la coca y la amapola, en donde el costo ambiental está representado en el drenaje de fuentes de agua en los páramos (amapola) y la destrucción de la capa vegetal y biodiversidad en la selva (coca) 2) En el proceso de praderización que ocupa tierras aptas para la agricultura y que alcanza 41,7 millones de hectáreas, que desborda las áreas cuya vocación natural es la ganadería, estimadas en 19 millones de hectáreas8 3) En monocultivos industriales legales, como la palma africana, que se corresponden con las prioridades de la política agrícola del gobierno actual, y que se extienden más allá de la frontera agrícola, en medio del bosque húmedo tropical, sobre territorios de comunidades indígenas y negras. De esta forma las explotaciones mineras9, petroleras, corredores estratégicos en el Pacífico y el Atlántico, desarrollos agroindustriales, particularmente de la palma africana, la coca, la madera, y el coco, visibilizan los intereses que el capital nacional y transnacional tiene en Colombia y al cual la guerra le es funcional.

  • 10  Uribe Lopez, op. cit,. p.3.
  • 11  Mingorance, Fidel y otros, El cultivo de palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territor (...)
  • 12  Este hecho fue puesto en evidencia de manera reciente, para el caso de Jiguamiandó. En marzo del 2 (...)

10Así, por ejemplo, la articulación entre la presencia paramilitar en el Chocó y la expansión del cultivo de palma, da cuenta del papel de los monocultivos industriales en las estrategias de control territorial, tanto para frenar la insurgencia como para generar mecanismos de control socio-laboral en la población10. Pese a que varias poblaciones afrocolombianas poseen títulos de propiedad colectiva de la tierra, no pueden usarla con autonomía, pues han sido desplazadas previamente y aquellos que allí se mantienen están siendo presionados e incorporados a tales procesos, como jornaleros. Al igual que en otras partes, en la defensa de los derechos de la gran propiedad y del poder político que, usualmente, van de la mano, se acude de manera tácita y expresa a la creación de ejércitos privados11. Por tanto a través de la guerra se consolidan modelos de producción, que son promocionados como competitivos y que forman parte importante de la política agrícola12.

11Cuando estos pobladores llegan a las ciudades como desplazados forzados, están más vulnerables y disponibles para incorporarse a dinámicas de empleo precario, de terciarización de la economía y otras prácticas de explotación, lo cual le conviene a un sistema que busca la concentración del capital. Estos elementos al trascender lo coyuntural, y como lo señala Fajardo:

  • 13  Fajardo Montaña, Darío, El Desplazamiento Forzado: una lectura desde la economía política, Confere (...)

Se inscriben en la esencia de las relaciones entre quienes controlan los recursos para la producción y el mundo de los trabajadores, ya sea en la sociedad rural ya en los medios urbanos y ponen de manifiesto los ejes centrales de un sistema que ha resultado exitoso para la gestión de grandes empresas, como lo demuestran las cifras reiteradas de sus balances anuales, a costa del empobrecimiento de una proporción creciente de la población13.

  • 14  Codhes, Codhes Informa Nº 54, Bogotá, 2004.

12La dominación y control de la población genera otras expresiones de migración forzada además del desplazamiento interno. El confinamiento es una estrategia de dominación y control de la población dentro de la guerra. Consiste en sitiar a las poblaciones, restringir su libre movilización por el territorio, controlando sus movimientos y prácticas básicas y cotidianas de producción e intercambio socioeconómico14. La estrategia de guerra de bloquear por hambre al enemigo se hace más frecuente, con la intencionalidad expresa de presionar y subordinar a la población para «evitar» y controlar la supuesta ayuda al enemigo. El severo control para el paso de alimentos, combustible, insumos y medicamentos, está siendo ejercida tanto por el ejército nacional, como por paramilitares y guerrillas, utilizando salvoconductos para el ingreso y la salida y controles de consumo según número de personas por familia, en una clara violación al derecho de libre movilización de las personas.

  • 15  Ibid.

13La migración forzada internacional llevó a que entre 1999 y el 2003, 87.000 colombianos solicitaran la condición de refugiado, de las cuales 36.910 solicitudes fueron aceptadas por 24 países del mundo. Dentro de ésta sobresale la migración transfronteriza que ha tenido un incremento sustancial, especialmente hacia Ecuador, Venezuela y Panamá. Entre el 2000 y el 2004, hubo 26.703 solicitudes de refugio a estos tres países y se calcula la salida forzada de 40.017 personas15. El paso de las fronteras no se acompaña necesariamente de la demanda de refugio, hecho que dificulta el cálculo de las personas migrantes, pues buena parte se instalan como ilegales. Junto con las denuncias de malos tratos de las autoridades vecinas, también se registra explotación laboral e inclusive sexual.

  • 16  Cf. Base de datos, Unidad Técnica Conjunta Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugi (...)
  • 17  Opción Legal, Documento de trabajo, 2003.

14Acciones colectivas de desplazados y exigibilidad de derechos. La situación de miseria prolongada, sin futuro concreto, ha incrementado las respuestas organizativas de la población en desplazamiento forzado, lo cual les permite avanzar en su conformación y reafirmación en tanto sujetos colectivos. Un registro de la Red de Solidaridad Social, RSS, indica que el número de organizaciones de población en desplazamiento forzado está por el orden de 584 en el país16. Otros cálculos17 señalan la existencia de cerca de 240 organizaciones de población desplazada, al menos 70 organizaciones federadas y unas 5 confederaciones. Aunque la mirada a la dimensión organizativa es más bien incipiente, es importante reconocer el crecimiento significativo de estas organizaciones.

  • 18  De hecho, los asesinatos y amenazas a dirigentes de organizaciones de desplazados continúan. Ver p (...)

15De igual manera, es importante señalar una serie de acciones colectivas no formales que, en muchos casos, pretenden evitar la visibilidad de las organizaciones formales y por ende el riesgo de ser blanco fácil de los diferentes actores armados18. Muchas de ellas se sustentan en la cotidianidad y con frecuencia hay fuertes nexos de vecindario, de parentesco e incluso religiosos. Podemos identificar dos grupos de identidades que la gente moviliza en los conflictos. Por una parte, las identidades colectivas enraizadas o asentadas, que son

  • 19  Tilly, Charles, «Conflicto político y cambio social», Ibarra, Pedro y Tejeira, Benjamín, Los movim (...)

Aquellas que forman parte de las rutinas de la vida diaria, raza, género, clase, etnicidad, relaciones de parentesco19.

16Sin ser espontáneas, operan a pequeña escala y pueden provocar duros y extensos conflictos. Pero también la gente puede organizarse a partir de identidades colectivas segmentadas, en las cuales,

  • 20  Ibid.

Las personas invocan la relevancia de lazos sociales de forma mucho más selectiva [...] y los líderes políticos, en general, juegan un papel más relevante en su puesta en marcha20.

17Unas y otras son extremos de un continuum y ésta diferenciación nos permite afirmar que ninguna es un atributo individual preexistente, ni es una construcción discursiva con poca o ninguna organización social.

18Quienes viven el desplazamiento forzado continúan acudiendo cada vez con mayor fuerza y éxito a la tutela para exigir sus derechos particulares. Prueba de ello ha sido el más reciente fallo emitido por la Corte Constitucional, en su sentencia T-025, que recoge 108 expedientes interpuestos por 1150 núcleos familiares en diferentes lugares del país. Dicho fallo ha permitido confrontar al estado frente al cumplimiento de sus responsabilidades con la población en desplazamiento forzado. La sentencia definió un

  • 21  Sentencia T-025, 2004, p.16.

Estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos21.

19En consecuencia, exige a las autoridades nacionales y territoriales responsables que deben,

  • 22  Ibid., p.17.

Ajustar sus actuaciones de tal manera que se logre la concordancia entre los compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales y legales y los recursos asignados.22

Desmovilización de combatientes... ¿ un escenario para la verdad, la justicia y la reparación?

  • 23  En 38 actos de desmovilización se reportan 31.689 personas vinculadas a grupos paramilitares. Cf. (...)
  • 24  La ley, denominada de manera controvertida como de justicia y paz, fue aprobada el 25 de julio del (...)
  • 25  Inclusive llegó a definir unos lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación intern (...)

20El tema de las víctimas de la guerra en Colombia tomó un lugar particular en la discusión política, académica y en la agenda pública, a partir de los acuerdos de desmovilización con los grupos paramilitares23, esto es, de las negociaciones con uno de los grupos de victimarios, que se concretó en la Ley 975 del 200524, pese a las contradicciones gubernamentales que buscan hacer invisible e innombrable el conflicto armado25.

  • 26  Las críticas incluyen a la Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de N (...)

21Indudablemente una de las particularidades de esta discusión en el caso colombiano es la continuidad de la guerra, en medio de aparentes y muy debatidos procesos de sanción a los grupos paramilitares que se acogieron a este proceso26. A manera de ilustración, señalaremos aquí algunos aspectos:

    • 27  Situación percibida por la autora en el 2004.

    La infiltración de conocidos narcotraficantes en los grupos paramilitares con miras a disfrutar de privilegios en términos de rebaja de penas, de no extradición y de lavados de activos. Es indudable que los intereses del narcotráfico atraviesan de manera vertebral los procesos de diálogo y desmovilización con los grupos paramilitares. Varias denuncias han señalado que reconocidos narcotraficantes, algunos de ellos demandados en extradición por Estados Unidos, compraron la «franquicia» paramilitar, a fin de beneficiarse de las ventajosas negociaciones con el gobierno. Igualmente, las zonas de intenso control paramilitar, con presencia policial y del ejército, se utilizan para sembrar, procesar y comercializar la coca27.

    • 28  Ver por ejemplo, articulo «La ONG Human Rights Watch cuestiona reglamentación de la Ley de Justici (...)

    Las bajas penas que la ley asigna a los responsables de genocidios y crímenes atroces, así como la débil exigencia en términos de verdad sobre los hechos y contribución con sus bienes a la reparación, han sido criticadas por diversas instancias28. En el difícil equilibro que estos procesos tienen entre la paz y la justicia, parece que en Colombia ha primado la justificación en torno a que la desmovilización trae la paz lo cual, por una parte, no parece darse en la práctica y, por la otra, deja un enorme interrogante sobre la viabilidad de la reconciliación como propósito de orden nacional.

    • 29  Un estudio registra que el 64% de los desvinculados de grupos armados hasta el 2003, tenían entre (...)
    • 30  Al parecer, en la desmovilización se continúa con la inercia de obediencia y lealtad a sus jefes, (...)

    Los procesos de reinserción con las bases de tales grupos son muy frágiles. La apuesta por el éxito de la «desmovilización» de las bases de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se ha situado en los municipios y en el sector rural, con proyectos de orden agropecuario, atendiendo a la procedencia campesina de muchos de los combatientes29. Los principales problemas señalados se refieren a la continuidad de la inseguridad, generando desconfianza de la población en medio de una aparente tranquilidad. En las regiones, se mezcla cierto optimismo por el reintegro de los combatientes pero, al mismo tiempo, crece el temor por el control que siguen ejerciendo. En varias zonas, el control, trabajo político y dominio territorial se ejerce de manera coordinada, a través del respeto y obediencia a un «líder» y su efectividad puede percibirse en la incidencia de éstas en las elecciones locales30. Por otra parte, los proyectos productivos son poco exitosos, no son proporcionales en su cobertura y beneficio y se señala que no se han consultado los intereses de los «desmovilizados» . Así mismo, es reiterado el incumplimiento estatal, lo cual mantiene una amenaza latente de protesta colectiva, pero sobre todo genera una gran incertidumbre en los desmovilizados, en oposición al optimismo institucional. Frente a la falta de respuestas concretas a nivel material, surgen ofertas permanentes por parte del narcotráfico y la delincuencia organizada, para que estos jóvenes se enfilen en sus ejércitos privados y de otros bloques, que continúan en proceso de reclutamiento.

  • La invisibilidad frente al terrorismo de Estado, al asignar la responsabilidad exclusiva de la violencia a los grupos armados ilegales. Así por ejemplo la Comisión Colombiana de Juristas registra que,

  • 31  Cf. Comisión Colombiana de Juristas, Colombia 2002-2006: situación de derechos humanos y derecho h (...)

Más de 750 personas fueron asesinadas presuntamente por agentes estatales en Colombia durante los cuatro primeros años del actual gobierno 31.

  • Ello significa un aumento del 60% en este período. Además del derecho a la vida, organismos y agentes del estado han violado la libertad personal con la detención arbitraria de casi siete mil personas, esto es cinco personas diarias en promedio. Todo ello se da en el marco de una impunidad creciente y de evidencias públicas sobre graves problemas de corrupción y de serios problemas al interior de las Fuerzas Armadas, los errores generados entre fuego amigo, la infiltración de paramilitares en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, organismo de inteligencia del Estado, entre otros.

    • 32  Ver artículo «Paramilitares se infiltraron en las economías regionales», in El Tiempo, Bogotá, Jul (...)

    La continuidad de la dominación de los grupos paramilitares en las regiones. Frente a los abusos de poder evidentes, la posibilidad de denuncia o de acción es nula dada la fuerte articulación institucional que se registra a nivel local y regional, y que ejerce una regulación muy fuerte en los inconformismos individuales y colectivos, a través del temor de ser asesinado. Como lo expresa una pobladora: «Ahora que dicen que ya están desmovilizados y son nuestros vecinos, es más difícil que uno se pueda quejar de sus fechorías» . Todo ello ha sido posible gracias a un proceso que, desde diversas esferas y prácticas, fue identificando como único enemigo del país a las guerrillas de izquierda, en tanto que los grupos paramilitares se establecieron como aliados del régimen o, cuando mucho, un mal menor. Frases comunes como, «ahora se puede salir de noche» , «puede trabajar uno tranquilo en su empresa» , «es posible viajar por la carretera» , se volvieron el fundamento pragmático para minimizar la instauración de procesos estructurales de dominación cotidiana de los paramilitares a través de cobros de impuestos, control de grandes emporios económicos legales e ilegales y la continuación de masacres, amenazas y desapariciones32.

  • 33  En varios municipios el dominio se divide entre el casco urbano y sus veredas, lo cual restringe l (...)
  • 34  Varios son los testimonios al respecto recogidos personalmente en diferentes lugares del país y re (...)

22La estrategia de ampliación de dominación territorial, comprende el establecimiento de estos grupos en los cascos urbanos para desde allí extenderse hacia las zonas rurales33. La dominación avanza a pasos agigantados: se decretan horas para la apertura y cierre de almacenes y bares, para transitar por los caminos, se imponen prácticas de castigo, de control sobre los cuerpos, como la prohibición del cabello largo y el uso de aretes para los hombres, y para las mujeres la prohibición de prendas vistas como indecentes34. Una guerra que trasciende el ámbito de la confrontación y control militar, y que, para el caso de los grupos paramilitares, se ampara y nutre con el apoyo y las alianzas de múltiples sectores económicos, políticos y sociales, recomponiendo, de manera acelerada y violenta, las redes de poder local y regional. La toma de entidades legales e ilegales por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, tales como las empresas de juegos (el chance), las empresas administradoras de salud, las empresas de transporte, el contrabando de gasolina, entre otros, constituyen pruebas fehacientes de la ampliación y consolidación de su dominio regional y local en el ámbito militar, económico y político.

  • 35  Cf. Osorio, Flor Edilma, Los desplazados. Entre survie et résistence, identités et territoires en (...)
  • 36  Un funcionario regional explicaba la existencia de «las prepago que están entre los 2 millones y l (...)

23Las prácticas territoriales en tales circunstancias sufren profundos cambios, dentro de una aparente normalidad para el conjunto de la sociedad, que silencia e invisibiliza lo que ocurre. Por lo tanto, también las acciones colectivas de la población local se restringen severamente y, es muy posible que los textos ocultos y las estrategias de resistencia cotidiana, se constituyan en mecanismos importantes de sobrevivencia en medio de la dominación. Muchas de las inquietudes que afloran cuando se consideran las relaciones y las dinámicas cotidianas establecidas en territorios de dominación (política y militar), son aún ignoradas, así mismo, el análisis en torno al fenómeno mismo del confinamiento es aún incipiente. Sin embargo, algunas de las evidencias ya mostradas para algunas regiones como Córdoba35 son, al parecer parte importante de estos mecanismos. Tal es el caso de las relaciones entre los ejércitos ocupantes y los residentes, que crean nexos afectivos y familiares que van cerrando la brecha entre unos y otros. Además de la violencia cotidiana y el reclutamiento para sus filas, hay otros costos menos perceptibles, pero no menos importantes para las sociedades locales, que se concentran en las mujeres y la población juvenil: la prostitución juvenil, el madresolterismo, un aumento importante de enfermedades de transmisión sexual y de la drogadicción36.

Los desplazados: víctimas múltiples del conflicto armado

24La reciente discusión sobre los procesos de desmovilización y de verdad, justicia y reparación, se inscribe en una serie de dinámicas coyunturales, que condicionan lecturas y análisis más complejos y articulados. Sin embargo, creemos que vale la pena correr el riesgo e intentar un análisis desde nuestra historia reciente.

  • 37  Declaración final – III Encuentro nacional de víctimas de crímenes de Estado, Bogotá, 9 de Julio d (...)

25En septiembre del 2005 se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, uno de cuyos propósitos es trabajar en la construcción de procesos que apoyen y promuevan la verdad, justicia, reparación y reconciliación en el país, la cual tendrá por ocho años la misión de ser una comisión de garantía para las víctimas, de esclarecimiento histórico, de verificación y de reparación. Sin embargo, las víctimas son diversas y al asumir que los victimarios son únicamente grupos armados ilegales, se deja por fuera a las víctimas del terrorismo de Estado. Por ello se conformó el Movimiento Nacional de Víctimas contra la impunidad en junio del 2005, que señala con firmeza la favorabilidad que se está dando desde el Estado al paramilitarismo que, lejos de desactivar tales fuerzas, las ha fortalecido y consolidado bajo un aparente proceso de desmovilización. Sus propuestas se orientan en ocho estrategias dirigidas a: perseguir a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales; la verdad y la memoria histórica; al acompañamiento solidario con las víctimas a través de una comisión ética; la no repetición a través de una prohibición legal del paramilitarismo; a la reparación a través del catastro alternativo para acopiar información sobre los bienes, las tierras y territorios del las víctimas; la lucha contra la desaparición forzada a través de la exhumación de las fosas comunes; la lucha contra el genocidio político ocurrido con los miembros de la Unión Patriótica y a la organización, fortaleciendo el Movimiento de Víctimas37.

  • 38  Inicialmente hubo un pronunciamiento desafortunado por parte del CNRR que pretendía desconocer a é (...)

26La delimitación temporal que ha definido la Comisión frente a las víctimas es 1964 y reconoce las siguientes violaciones: desaparición forzada, secuestro, homicidio, genocidio, desplazamiento forzado38, detención arbitraria y violación del debido proceso, reclutamiento forzado, tortura, violencia sexual y reproductiva, lesiones y tratos inhumanos y degradantes, actos de terrorismo, actos de barbarie, destrucción de bienes culturales y lugares de culto y minas antipersonales. La diversidad de víctimas y de su actual vulnerabilidad debe ser mirada con atención de manera que no se creen estratificaciones entre las víctimas, riesgo presente en estos procesos.

27   Sin duda alguna, el proceso en ciernes es sumamente delicado por el lapso de tiempo, los actores armados y sus alianzas con las redes de poder económico y político, la diversidad de víctimas, y sobre todo, por el hecho de que la dinámica de guerra continúa. Las competencias superan a la misma Comisión pues es necesario tener en cuenta los procesos judiciales mismos y lo que ello aporta en términos de verdad, justicia y reparación. Reparar en medio de la guerra no es fácil, pero es imprescindible. Como lo afirma Barnes,

  • 39  Barnes, Jaime, «Sobre la reparación patrimonial de los desplazados y la restitución de la propieda (...)

Los efectos de estas vulneraciones son largos y perniciosos en el tiempo y sus consecuencias sobreviven con mucho al conflicto en sí una vez superado. No es posible alcanzar la paz social sin la reparación de los derechos de las personas39.

28Sin embargo, es necesario recordar que,

  • 40  Reyes, Mate, A contraluz de las ideas políticamente correctas, Barcelona, Anthropos Editorial, 200 (...)

Las víctimas no ven lo mismo que los demás…la sociedad necesita la guía moral de la mirada de las víctimas, pues el sufrimiento que ellas pueden desvelar escapa al análisis de los políticos40.

  • 41  Spence, Jack, La guerra y la paz en América Central: una comparación de las transiciones hacia la (...)

29Si revisamos los procesos de paz de otros contextos latinoamericanos, las experiencias no son alentadoras, pero sin duda dejan enormes lecciones. En las experiencias de Centroamérica41, no se generaron procesos de reparación para la población rural desplazada y la oportunidad histórica de la postguerra, no dio paso a cambios significativos en la estructura agraria.

30En el Salvador se creó el Programa de Transferencia de Tierras, a través del cual se compraban tierras que luego se vendían a excombatientes y campesinos sin tierra a través de un préstamo estatal. El programa, que demoró casi una década, si bien tuvo serias dificultades, entre ellas, las deudas que no pudieron pagar los compradores y que debieron ser condonadas luego de muchas protestas, llegaron a 36.000 personas y a 100.000 hectáreas.

31En Guatemala, donde un 83% de las víctimas fueron mayas, los acuerdos previeron el tema de la tierra para retornados, desplazados y excombatientes, sin embargo fue a través de la venta y reventa de tierras por parte del gobierno que se enfrentó el problema sin resolver la situación de alta concentración de la tierra (con el coeficiente Gini más alto de América Latina en 1982), lo cual favoreció la ampliación de la frontera hacia la zona selvática del Petén con un daño ecológico sustancial.

32En Nicaragua, el proceso ha sido mucho más complejo, marcado por grandes oleadas de invasiones de tierra de diferentes grupos, desde los ex contras hasta campesinos sin tierra. En 1995 el gobierno decidió indemnizar a los antiguos dueños, con cerca de nueve mil reclamaciones, varios de los cuales eran estadounidenses. El problema de la tierra sigue presente, pues la compensación a los antiguos dueños suma mil millones de dólares y el 30% de tierras de la reforma agraria no tienen una titulación clara. Por otra parte la ausencia de un control en el mercado agrícola, las dificultades con el crédito y con la asistencia técnica, fomenta en muchos casos la venta de tierras a precios muy bajos.

33Buena parte de las pocas dinámicas exitosas rurales en estos tres países tiene que ver con el esfuerzo y trabajo colectivo de campesinos e indígenas en sus cooperativas. En síntesis, los procesos han sido erráticos, marcados por los intereses presentes en la guerra, en donde el estado no asumió la defensa de la población más vulnerable, con recursos y una institucionalidad poco sostenibles, sin articulación con la creación de políticas públicas integrales de desarrollo rural. No podría decirse que el proceso de paz haya sido inútil pues el cese de las guerras es sin duda una ganancia. Sin embargo, es clara la marginalidad de los acuerdos y de su cumplimiento en torno a la transformación de las condiciones de empobrecimiento. Con serios problemas de violencia social y delincuencia juvenil, estas democracias y economías débiles se sostienen gracias a las remesas de los inmigrantes hacia Estados Unidos.

  • 42  Cf. Global IDP Project, Perú: nueva ley y propuesta de programas de compensación traen esperanza p (...)

34Para el caso de Perú42, en donde se produjo un desplazamiento forzado de cerca de 600.000 personas, se adoptó en el 2004 una ley que reconoce la situación especial y las necesidades particulares de los desplazados internos. Luego de un conflicto interno de 20 años, que se superó en el 2000 y del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003, es claro que el gobierno no proporcionó ayuda a los desplazados durante la época crítica del conflicto armado. Gran parte de los desplazados viven en las ciudades, particularmente en Lima, cerca de un 16% ha regresado a sus poblaciones y permanecen en condiciones muy precarias. La falta de documentación de muchos de ellos y de títulos sobre sus tierras ancestrales está creando una serie de dificultades con los nuevos ocupantes. Al igual que en Guatemala, la exclusión étnica no se ha modificado, sino que se continúa en la postguerra, luego de ser evidente que las mayores víctimas del conflicto fueron poblaciones indígenas.

35Estas experiencias centro y latino americanas, con sus aciertos y fracasos, son un referente de importancia para posibles procesos de reparación y justicia en el contexto Colombiano. Teniendo en cuenta la especificidad de tales dinámicas en un país en guerra, se hace necesario precisar algunas inquietudes frente a las respuestas, que en términos de reparación, tienen los desplazados en tanto víctimas del conflicto colombiano:

    • 43  Cf. Principios y directrices básicos para la Reparación (E/CN.4/1997/104), Naciones Unidas.

    La confusión que se puede crear entre la política de atención a la población en desplazamiento forzado y la necesaria reparación en tanto víctimas. Estos son procesos diferentes, que no pueden subsumirse en uno solo y que pasan necesariamente por unas dinámicas de restitución de los bienes usurpados y de los derechos violentados, de indemnización por los daños causados, por la rehabilitación, la satisfacción o compensación moral y las garantías de no repetición43.

    • 44  En reuniones realizadas en el 2006 con personeros de diversos departamentos del país, al preguntar (...)
    • 45  Por ejemplo, en la emergencia producida por la erupción del volcán nevado del Ruiz en Colombia en (...)

    La discusión en torno a la veracidad de las víctimas, pues desde las instituciones que prestan los servicios a la población en desplazamiento forzado se ha ido generando una constante duda frente a quienes se presentan y registran como desplazados. El peso que se le da al problema de los falsos desplazados44 pareciera cumplir la función de desviar la atención frente a problemas fundamentales como la falta de capacidad institucional, el tipo de estrategias empleadas, la oportunidad de las mismas y la complejidad que encierran las dinámicas de restablecimiento socioeconómico en contextos tan adversos. La preocupación tiene fundamento en algunos pocos casos y en muchas otras situaciones en donde hay recursos para distribuir45. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que las ayudas efectivamente proporcionadas por las entidades a los desplazados son tan pocas, que difícilmente podría decirse que con éstas se podría acceder a un capital importante ¿ Cómo será la depuración y reconocimiento de la categoría de desplazado, para que este tipo de tradiciones institucionales no asuman de entrada el «principio de la desconfianza» con las víctimas que buscan su reparación? Una inquietud adicional tiene que ver con la banalización y simplificación que se genera en las instancias burocráticas presionadas por metas a muy corto plazo, que desconocen los ritmos étnicos y culturales particulares de los procesos locales y comunitarios.

    • 46  Cf. Flores, Luis Bernardo, «Desplazamiento forzado: un impacto territorial», in Territorio, patrim (...)

    El enfoque centrado en los derechos de los victimarios a fin de estimular su desarme, evidenciado en las enormes diferencias de los presupuestos asignados para víctimas y victimarios. De acuerdo con la Contraloría, el impacto socioeconómico para las víctimas, sólo por la pérdida debido al abandono de las tierras y disminución del ingreso, podría calcularse en un rango que está entre $4.44 billones y $9.93 billones. La misma entidad hace el contraste entre la disparidad en la inversión estatal a una familia desplazada, que es en promedio $2,3 millones anuales, y a un miembro de un grupo armado ilegal que recibe cerca de $21,5 millones anuales, en promedio46. Este tipo de decisiones lleva mensajes distorsionados en tanto estímulo para quienes cometen delitos. La discusión aquí tiene que ver con lo que Springer denomina el balance y la utilidad de la justicia. La autora sugiere introducir un cambio sustancial en el enfoque tradicional,

  • 47  Cf. Sringer, Natalia, Reconstrucción, reinserción y región, Bogotá, Publicaciones Semana, 2006, p. (...)

Que adopta al combatiente y no a la víctima y a la sociedad descompuesta como su marco esencial, y lo considera como un individuo separado y uniforme, sin matices ni contingencia47.

36Y continúa:

  • 48  Ibid. p.33.

No parece lógico –y la verdad es que no lo es- que el estado no proteja a sus víctimas y, en cambio, dedique buena parte de su precaria asistencia institucional a la atención de los victimarios, responsables de graves crímenes, sin querer respaldar esta asistencia con mecanismos mínimos de control.48

  • En este momento histórico, es fundamental la pregunta por el tipo y el papel de las sociedades rurales en el conjunto del país, frente a temas sustanciales como la soberanía alimentaria, la diversidad socio-cultural, los recursos ambientales, entre otros. Necesitamos reconocer que la tierra más que un factor de producción es un generador de renta política y sociocultural y un recurso fundamental en la reconstrucción de la sociedad y que está en estrecha relación con la construcción de vecindarios sostenibles económica, sociocultural y políticamente. Asumir el papel vital de la tierra en las sociedades rurales y, desde allí, su relación más equilibrada con el conjunto de la sociedad, exige un propósito de justicia estructural con aquellas. Ello implica un nuevo pacto social que pasa por la redistribución de los recursos, servicios y oportunidades, esto es, por un ejercicio claro de justicia social, democracia y redistribución de la tierra.

37Sin duda en estos procesos, es de gran importancia el papel de los espacios locales y comunitarios para generar efectivamente procesos de reconciliación en donde se incorporen las dinámicas de verdad, justicia y reconciliación. Es allí donde se juega en concreto las disposiciones y voluntades de orden nacional y será allí en donde la reconciliación tendrá que echar raíces sólidas, en la medida que ésta exige respuestas suficientes y oportunas a las condiciones de pobreza y exclusión, en amplias capas de la población, preexistentes y profundizadas con la guerra.

38Es allí, en las comunidades locales, vecindarios, veredas y pueblos, en donde las memorias y verdades sobre el conflicto, la muerte, el destierro y el dolor, podrán reencontrarse para dialogar y para que efectivamente, el olvido y la impunidad no se suman como herencia sino al contrario, sean insumo para que estos hechos no se repitan y puedan ser socialmente reparados. Necesitamos de la memoria moral de las víctimas que impida construir presentes que niegan y encubren el dolor y la muerte que existe detrás de cada injusticia. Es necesario tener en cuenta que el pasado de las víctimas forma parte del presente y del futuro de la sociedad colombiana. Quizá entonces será posible tejer nuevas esperanzas, para decir con Benedetti:

Mientras devano la memoria
Forma un ovillo la nostalgia
Si la nostalgia desovillo
Se irá ovillando la esperanza
Siempre es el mismo hilo

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Notes

1  Mientras la Consultoría para el Desplazamiento y los derechos Humanos, Codhes, maneja una cifra de 3’720.428 personas, Acción Social registra en su sistema 1’852.530 a septiembre 15 de 2006. http://www.codhes.org/Info/grafico-tendencias.htm y http://www.accionsocial.gov.co

2  Según el informe del 15 de junio del 2006 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Colombia cuenta con 2,5 millones de desplazados y es seguido por Irak con 1,6 millones de personas desplazadas. http://www.acnur.org/index.php?id_pag=5201

3  Contraloría General de la República, Bien-estar y macroeconomía 2002-2006: el crecimiento inequitativo no es sostenible, Bogotá, 2006, Documento.

4  Perry, Arias, Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles, Banco Mundial, 2006.

5  Coeficiente que mide la concentración de la tierra a partir de la comparación de la superficie acumulada por un porcentaje determinado de propietarios. El índice varía entre 0 y 1 y en la medida en que este es más cerca de la unidad mayor, indica un más alto nivel de concentración.

6  Contraloría General de la República, op.cit.

7  Uribe López, Mauricio, ¿ Un campo para la paz?, Documento recibido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, marzo 23 de 2005.

8  PNUD, El conflicto, Callejón con salida, Bogotá, Editorial Panamericana, 2003.

9  Sintraminercol, La gran minería en Colombia: las ganancias del exterminio, Bogotá, Sintraminercol, 2004.

10  Uribe Lopez, op. cit,. p.3.

11  Mingorance, Fidel y otros, El cultivo de palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorio, derechos humanos, Quibdo, Human Rights Evereywhere y Diócesis de Quibdo, 2004.

12  Este hecho fue puesto en evidencia de manera reciente, para el caso de Jiguamiandó. En marzo del 2005 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, señaló que el «93% de las áreas sembradas con cultivos de palma de aceites pertenecientes a las empresas Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmas S.A., y Palmadó, se encuentran en territorios colectivos de las comunidades negras». Varios de estos proyectos productivos han sido apoyados con recursos estatales. Pero además, existen serios indicios de los vínculos directos e indirectos de varias de estas empresas con grupos paramilitares. Cf Quevedo, Norvey, «Dinero gringo a cultivos en líos», in El Espectador, Bogotá, semana del 3 al 9 de septiembre de 2006

13  Fajardo Montaña, Darío, El Desplazamiento Forzado: una lectura desde la economía política, Conferencia dictada en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, Noviembre, 2005.

14  Codhes, Codhes Informa Nº 54, Bogotá, 2004.

15  Ibid.

16  Cf. Base de datos, Unidad Técnica Conjunta Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – Red de Solidaridad Social, ACNUR-RSS, para abril de 2004.

17  Opción Legal, Documento de trabajo, 2003.

18  De hecho, los asesinatos y amenazas a dirigentes de organizaciones de desplazados continúan. Ver por ejemplo, Cepeda, Iván, «Realidades del desplazamiento», in El Espectador, Bogotá, semana del 22 al 8 de enero del 2006.

19  Tilly, Charles, «Conflicto político y cambio social», Ibarra, Pedro y Tejeira, Benjamín, Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, Editorial Trotta, 1998.

20  Ibid.

21  Sentencia T-025, 2004, p.16.

22  Ibid., p.17.

23  En 38 actos de desmovilización se reportan 31.689 personas vinculadas a grupos paramilitares. Cf. Fundamentos Filosóficos y operativos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, Septiembre de 2006. http://www.cnrr.gov.co   

24  La ley, denominada de manera controvertida como de justicia y paz, fue aprobada el 25 de julio del 2005 por el Congreso Nacional. El 30 de diciembre del mismo año se expidió el decreto 4760 que la reglamenta parcialmente.

25  Inclusive llegó a definir unos lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional en donde se proscribe el término «conflicto armado», «actores armados» y como ambiguos los términos «comunidad de paz» u «observatorio de situación humanitaria», entre otros. Cf. Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional, Documento que acompañó una circular, sin fecha, emanada de la oficina del Alto Consejero Presidencial para Acción Social y Director encargado de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional. Esta misiva fue enviada a Embajadores acreditados en Colombia, Representantes de Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación. Mayo del 2005. http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=139

26  Las críticas incluyen a la Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la academia y diversos sectores políticos y de ONG nacionales e internacionales. Ver, por ejemplo, Opiniones e interrogantes sobre la Ley de Justicia y Paz, Unidad investigativa Indepaz, 18 de Julio, 2005. Medios para la paz. www.mediosparalapaz.org. En la desmovilización de las AUC quedan en evidencia, entre otros, un grave problema en el debido procedimiento para identificar a quienes entran al proceso, en la falta de depuración de las listas de identificación, en donde los alias que usaban no fueron tenidos en cuenta en la mayor parte de los casos, todo lo cual genera diversas cifras que facilitan un manejo arbitrario de logros. Esa situación dificulta tanto los procedimientos de ayudas oportunas, como de seguimiento y control de las personas y de sus procesos de desmovilización efectiva.

27  Situación percibida por la autora en el 2004.

28  Ver por ejemplo, articulo «La ONG Human Rights Watch cuestiona reglamentación de la Ley de Justicia y Paz», in El Tiempo, Bogotá, enero 19, 2006.

29  Un estudio registra que el 64% de los desvinculados de grupos armados hasta el 2003, tenían entre 14 y 24 años, lo cual significa que cerca de 24.000 jóvenes están vinculados a las filas de los grupos ilegales, de los cuales el 79% tiene origen rural. Gómez, Mario, Reinserción, desmovilización y juventud, Bogotá, Fundación Restrepo Barco, 2003.

30  Al parecer, en la desmovilización se continúa con la inercia de obediencia y lealtad a sus jefes, fenómeno que no es exclusivo de este caso, pero que se torna mucho más peligroso dado el estado de guerra en que se continúa, la inexistencia de una desmovilización armada efectiva y la inestabilidad de estos procesos.

31  Cf. Comisión Colombiana de Juristas, Colombia 2002-2006: situación de derechos humanos y derecho humanitario, Documento, Bogotá, Septiembre de 2006.

32  Ver artículo «Paramilitares se infiltraron en las economías regionales», in El Tiempo, Bogotá, Julio 2, 2005.

33  En varios municipios el dominio se divide entre el casco urbano y sus veredas, lo cual restringe los vínculos comerciales y de servicios. Los habitantes son señalados como aliados de acuerdo con el control militar existente.

34  Varios son los testimonios al respecto recogidos personalmente en diferentes lugares del país y reseñados en la prensa. Sobre estos últimos, ver, por ejemplo: Rivas, Enrique, «Don Adolfo es el líder político», in El Espectador, Bogotá, semana del 10 al 16 de Julio de 2005, que recoge las actividades de proselitismo político de las AUC en Medellín. También Redacción Judicial, «La sombra ‘para’ en las economías regionales», in El Tiempo, Bogotá, domingo 3 de Julio de 2005, en donde se registran diversas prácticas económicas y nuevas inversiones, muchas de ellas en actividades ilícitas como el contrabando, pero también otras legales, en regiones como Urabá, la frontera colombo-venezolana, Bogotá y Córdoba. Ver también Quijano, Claudia y Luz Adriana Díaz, El ejercicio del castigo en la relación entre actores armados ilegales y población civil: caso Barrancabermeja, 1998-2003, Bogotá, Concurso Nacional Otto de Greiff, 2005.

35  Cf. Osorio, Flor Edilma, Los desplazados. Entre survie et résistence, identités et territoires en suspense, Francia, ANRT Lille, 2005.

36  Un funcionario regional explicaba la existencia de «las prepago que están entre los 2 millones y los 30.000 pesos». Esa denominación corresponde a muchachas que, desde diversos lugares del país, llegan los fines de semana a Montería. Entrevista informal 2005. En Bojayá, hoy tomada por militares y paramilitares, se registran varios casos de jovencitas con VIH y de jóvenes drogadictos, impulsados por los paramilitares, una tasa bastante alta para una población campesina de 2000 habitantes.

37  Declaración final – III Encuentro nacional de víctimas de crímenes de Estado, Bogotá, 9 de Julio de 2006. Documento.

38  Inicialmente hubo un pronunciamiento desafortunado por parte del CNRR que pretendía desconocer a éstos como víctimas con el argumento de que ya estaban siendo atendidos por el Estado.

39  Barnes, Jaime, «Sobre la reparación patrimonial de los desplazados y la restitución de la propiedad en el contexto de la justicia transicional», in Codhes, Tutelando los derechos, Respuestas institucionales y sociales al desplazamiento forzado, Bogotá, Ruben´s impresores, 2006.

40  Reyes, Mate, A contraluz de las ideas políticamente correctas, Barcelona, Anthropos Editorial, 2005, p.28.

41  Spence, Jack, La guerra y la paz en América Central: una comparación de las transiciones hacia la democracia y la equidad social en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Massachussets, Hemisphere Initiatives, 2004.

42  Cf. Global IDP Project, Perú: nueva ley y propuesta de programas de compensación traen esperanza para los desplazados internos, Perú, http://www.idprpoject.org. consultado en febrero 20 de 2005.

43  Cf. Principios y directrices básicos para la Reparación (E/CN.4/1997/104), Naciones Unidas.

44  En reuniones realizadas en el 2006 con personeros de diversos departamentos del país, al preguntar por los principales problemas relacionados con el desplazamiento forzado en sus municipios, la mayor insistencia fue sobre los falsos desplazados.

45  Por ejemplo, en la emergencia producida por la erupción del volcán nevado del Ruiz en Colombia en 1995 y las ayudas entregadas para los damnificados del huracan Katrina en New Orleans, en EEUU, en el 2005.

46  Cf. Flores, Luis Bernardo, «Desplazamiento forzado: un impacto territorial», in Territorio, patrimonio y desplazamiento. Tomo I, Bogotá, Procuraduría general de la nación, Consejo Noruego para refugiados, 2006.

47  Cf. Sringer, Natalia, Reconstrucción, reinserción y región, Bogotá, Publicaciones Semana, 2006, p.30.

48  Ibid. p.33.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Flor Edilma Osorio Pérez, « Verdad, justicia y reparación en medio de la guerra: los desplazados en Colombia », Amnis [En ligne], 6 | 2006, mis en ligne le 01 septembre 2006, consulté le 23 août 2017. URL : http://amnis.revues.org/922 ; DOI : 10.4000/amnis.922

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Auteur

Flor Edilma Osorio Pérez

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

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